Grupo Vía Central denuncia incumplimiento del gobierno y demanda al Estado por pagos impagos

Empresariales Nacionales

El consorcio Grupo Vía Central, responsable de la construcción y operación del Ferrocarril Central, ha interpuesto una demanda internacional contra el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) por el incumplimiento de los pagos acordados desde diciembre de 2023. Este retraso ha puesto al proyecto en una situación financiera sumamente crítica.

Según detalló El País, en días recientes los representantes de la empresa mantuvieron una reunión con el presidente Luis Lacalle Pou, en la cual expresaron su preocupación por la deuda acumulada, que según estiman asciende a aproximadamente 160 millones de dólares, correspondientes a los trabajos ya realizados.

A través de un comunicado, Grupo Vía Central destacó que el Ferrocarril Central representa el proyecto de infraestructura más ambicioso y relevante de Uruguay en las últimas décadas, con una inversión total de 1.500 millones de dólares. La nueva vía férrea, que comenzó a operar en noviembre de 2023, ha permitido optimizar el transporte de carga entre Paso de los Toros y el Puerto de Montevideo.

El consorcio recordó que, a pesar de los múltiples desafíos que ha enfrentado durante la ejecución de la obra —como retrasos en las expropiaciones, los efectos de la pandemia, el aumento de costos por la guerra entre Rusia y Ucrania, las inundaciones en marzo de 2024 y actos de vandalismo— ha trabajado junto al gobierno para superar los obstáculos y seguir adelante con el proyecto. Sin embargo, señaló que el Estado ha incumplido sus compromisos financieros.

«A pesar de estos esfuerzos y de los avances alcanzados en el proyecto, que han dotado a Uruguay de una infraestructura ferroviaria de vanguardia, el gobierno no ha cumplido con sus obligaciones de pago. Desde el 24 de diciembre de 2023, el Grupo Vía Central no ha recibido los pagos correspondientes, lo que ha puesto al proyecto en una grave crisis financiera», afirma el comunicado.

Ante el incumplimiento de los compromisos por parte del gobierno y la imposibilidad de llegar a una solución mediante negociaciones, el consorcio ha decidido iniciar un proceso de arbitraje internacional, tal como se estipula en el contrato. Este arbitraje se llevará a cabo bajo las normas de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional.

El MTOP dispone de un plazo de 30 días para designar un tribunal arbitral compuesto por tres árbitros, quienes deberán decidir sobre el conflicto conforme a las reglas del Código General del Proceso.

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